Editorial

DEMARCACION: SOBRA AUDACIA Y FALTA SENSATEZ INSTITUCIONAL.

Publicado el 19 de Junio del 2014

     “De l´audace, encore de l´audace, et toujours de l´audace”.

     (Dantón, en su mejor momento… y con el resultado de todos conocido).

     

     

      Hasta donde alcanzamos a saber y podemos imaginar, es intención de la junta que dirige el Colegio de Registradores presentar una enmienda a la totalidad a la propuesta de demarcación circulada por el Ministerio de Justicia. Obviamente, no tenemos título para postularnos como exégetas de Zaragoza, pero nos sospechamos que, en ejecución de los acuerdos de aquella asamblea, la junta no es partidaria de una demarcación global, tiene reticencias frente a la amortización de tantos registros inviables como quedaron de las resultas de la tristemente famosa “demarcación limonera”, se opone de raíz al sistema de agrupaciones y considera innecesario todo el esfuerzo demarcatorio, o al menos la parte del mismo referida a las agrupaciones, habida cuenta de la improbable, para ellos, asunción inminente del servicio del Registro Civil. De seguro que nos dejamos muchos otros reproches o no traducimos con rigor la sustancia del informe colegial que acaba de ser elevado al centro directivo y cuyo contenido, dicho sea de paso, ignoramos…

     

      Dicho todo lo anterior, nos interesa resaltar que en no pocas de las modificaciones que posiblemente se hayan introducido a la demarcación comunicada en ese informe presentado por la junta de gobierno podemos estar de acuerdo; pero no es el propósito de este editorial detallar cuál hubiera sido la política demarcatoria que otra junta hubiera debido defender en esta misma situación. Es obligación y responsabilidad exclusiva de la junta de gobierno informar todo proyecto demarcatorio: aquélla no solo puede sino que por supuesto debe formular los reparos que tenga por conveniente contra todo proyecto de nueva planta registral… actuando siempre en la defensa del global interés corporativo. No nos quejaremos pues, que se defienda lo más congruente con Zaragoza o que se digan tales o cuales cosas. De hecho, la junta no debería ni siquiera excusar su responsabilidad buscando el respaldo de la asamblea de decanos como se intentó conseguir sin mucho éxito con la disparatada propuesta de asunción del Registro Civil que se llevó a nuestro ministro.

     

     No puede criticarse, pues, a la junta, que esté disconforme con una demarcación elaborada con criterios que fija el Ministerio, discrepancia que se nos antoja natural. Tampoco puede reprocharse a esta o a otra junta que tenga y defienda criterios diferentes (acaso no siempre diferentes) de los que pueda defender nuestra Asociación. En cambio, sí puede denunciarse a una junta que persigue audazmente su propósito sin ninguna prudencia y alejándose de la única postura recomendable: una postura institucional.

     

     Concédasenos que para una parte de los colegiados –mayor o menor, pero en número suficientemente relevante- la demarcación puede ser tanto o más beneficiosa, a título particular, como pueda serlo perjudicial, a título particular, a otros y distintos compañeros. Dependiendo de la situación profesional de cada uno, la demarcación tiene todos los visos de funcionar como eso que los economistas llaman “juegos de suma cero”: unos ganan y otros pierden. Se nos dirá que la junta entiende que en su conjunto, la demarcación es perjudicial para todo el cuerpo, pero esa no deja de ser sino una opinión de una parte del cuerpo y la junta se debe a todos, mayoría y minoría. No se necesita el carnet de adivino para anticipar que la interposición de una demanda de nulidad contra la demarcación, por ejemplo, no contribuirá a conseguir una mayor cohesión en un cuerpo suficientemente dividido y que, por el contrario empujará a unos al inútil reproche lastimero, a otros a la agresión paladina a ciertos supuestos beneficiados o al insulto gratuito...

     

     Si tenemos además en cuenta que nunca antes el Colegio, como tal Colegio, impugnó una demarcación; que decanos que ahora son vocales de esta junta, defendieron con rigor en el pasado muy reciente el uso de la prudencia incluso contra los desafueros provocados por la anterior demarcación; que la experiencia enseña que suelen ser más rentables las enmiendas parciales que desaforadas revueltas y las peticiones de retirada de proyectos legales… todo ello nos lleva a exigir de quienes nos representan que estén abiertos a negociar.

     

      Nos parece temerario que el Colegio se constituya en parte demandante de un contencioso contra el Real Decreto en que se aprobará en muy breve plazo la demarcación del Ministerio. La misma opinión nos merecería que se constituyese en demandante la Asociación profesional habida cuenta que su función es actuar como vehículo de gestión del convenio colectivo de todo el cuerpo. En cambio, no nos parece en absoluto mal que otras asociaciones o los registradores individual o colectivamente accionen como tengan por conveniente. Esta Asociación, por cierto, demandó la nulidad de la anterior demarcación que la junta del momento no impugnó.

     

     Ahora bien, y aunque tengamos fundadas dudas de que nuestro consejo sea atendido, el Colegio no debería apartarse de su obligado papel institucional. No tanto porque, aunque también, nos parezca injustificado que sin presupuesto para ello y con cargo a las cuotas de todos se impugne lo que beneficia a una parte de los colegiados, como porque no puede quedar eliminada de raíz la posibilidad real de negociar y comprometer algunas mejoras en la tramitación de la demarcación con una sensata aproximación al Ministerio. Es responsabilidad de la junta desplegar la inteligencia necesaria para ajustar lo más posible la propuesta oficial al diseño de planta registral que se entienda más deseable en interés de todos y del servicio público. No reprochamos a la junta equivocarse en el diseño sino la falta de tino en la persecución de sus objetivos.

     

Enlaces

Blog


Síguenos por tu correo electrónico