Editorial

HORA DE ENCARAR EL FUTURO

Publicado el 26 de Junio del 2014

     La decisión anunciada por el Ministro de Justicia en el Senado, de encomendar a los registradores mercantiles la gestión del Registro Civil supone una extraordinaria muestra de confianza del Gobierno en nuestra corporación y una oportunidad y un reto a los que debemos responder como lo hemos hecho siempre, con profesionalidad, cada vez que los poderes públicos nos han querido encomendar una función, poniendo nuestra experiencia, conocimientos y habilidades, al servicio del interés público.

     Los registradores, que somos especialistas en llevar Registros, nos sentimos perfectamente capaces de responder a la confianza del Gobierno y de asumir la gestión del Registro Civil para solucionar los problemas que dicha institución viene padeciendo y que señala la nota del Ministerio.

     Es cierto que la gestión del Registro Civil en los términos en que se anuncia, manteniendo la gratuidad del servicio, exigirá de nosotros un importante esfuerzo, pero no es menos cierto que a todos los ciudadanos, a cuyo servicio estamos, se les vienen pidiendo sacrificios extraordinarios en los últimos tiempos. Nosotros, que como ciudadanos, ya estamos pagando también nuestra cuota de la crisis, no podemos, como funcionarios, defraudar ahora la confianza que la sociedad, a través del Gobierno, quiere depositar en nosotros encargándonos la gestión y modernización de un importante servicio público.

     Es hora, pues, de exigir con toda energía a los órganos del Colegio de registradores el abandono de las insensatas actitudes obstruccionistas y de oposición a los proyectos gubernamentales. Actitudes que, como se deduce de la nota del Ministerio, ha dado lugar a este extraño resultado de que no esté previsto atribuir la llevanza del Registro Civil al cuerpo de registradores en su conjunto, sino solo a una parte de él, a los registradores mercantiles, que cambiarán de denominación y que “realizarán esta gestión a través de una plataforma digital, que financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio y el ciudadano, pero que siempre se mantendrá bajo titularidad pública.” Todo lo cual, dicho sea de paso, no beneficia en nada a la unidad del cuerpo. Y la unidad del cuerpo es algo con lo que ningún Decano ni ningún órgano del Colegio debiera permitirse jugar.

     Ante el encargo del Gobierno hay que exigir a todos los colegiados y especialmente a los órganos del Colegio, empezando por la Asamblea de Decanos y por el Decano y su Junta, prudencia, clarividencia y sensatez. Es hora de valorar los riesgos y de medir las propias fuerzas. Es hora de dejar de mirar atrás, de olvidar los deseos imposibles, los juguetes rotos y las batallas perdidas. Es hora de encarar de una vez el futuro, de modo que, colaborando lealmente con el Gobierno, cumplamos el encargo que nos hace de, sin coste para los ciudadanos, modernizar el Registro Civil.

     Por todo ello nos parece fuera de lugar la reacción del Decano y de la Junta de gobierno ante el anuncio del Ministro de Justicia. La crítica política de los proyectos gubernamentales corresponde a los partidos y no a nuestro colegio profesional, que siempre ha sabido mantener una exquisita neutralidad, sabiendo que su función es la de defender los intereses corporativos, pero no la de hacer política. Nuestro colegio profesional no puede alinearse, sin correr un riesgo que no es prudente asumir, con las ideas que puedan mantener, acerca de un proyecto legislativo, algunas de las fuerzas representadas en el Parlamento.

     Hay, pues, que pedir al Decano una urgente rectificación del rumbo. El anuncio del Ministro es firme y se ha hecho en el Senado. No se trata por tanto de un vago proyecto de futuro sobre el que quepa constituir comisiones para empezar a hablar y dejar pasar el tiempo, esperando vientos más favorables. Le guste al Decano y su Junta o no, el proyecto del Gobierno es la realidad y contra la realidad, que es tozuda y dura como una roca, es mejor no estrellarse.

     

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