EL CUERPO DE REGISTRADORES ASUME LA LLEVANZA DEL REGISTRO CIVIL.

Publicado el 4 de Julio del 2014

      A juzgar por el número de quejas que siempre ha suscitado su gestión de los millones de ciudadanos afectados– el informe del Defensor del Pueblo tiene toda una sección especializada dedicada al tema- el Registro Civil es uno de los servicios públicos peor valorados por los españoles. Que conste que ello no es debido a la falta de esfuerzo o dedicación del personal que se dedica a su ingrata administración, sino a los problemas del diseño institucional del propio servicio, que fue en su día incardinado en la judicatura por razones históricas que es ocioso relatar.

     La función registral no es Jurisdicción y resulta coherente con un diseño actual y racional de su prestación su oportuna desjudicialización. Una desjudicialización en cuya defensa han coincidido todos los partidos del espectro político… como revela la tramitación parlamentaria de la Ley cuya entrada en vigor ahora se prorroga. Queremos decirlo de una manera clara: la única decisión política razonable, admitida la desjudicialización, era la asignación de la llevanza del RC al cuerpo de Registradores. Lo ha sido antes y lo sigue siendo ahora. No cabe sino felicitar al Ministerio de Justicia por su acierto en la asignación competencial. Después de examinadas otras alternativas que están en la mente de todos y su noticia en las hemerotecas, el gobierno ha tomado la decisión acertada, porque no debemos renunciar a defender que los registros jurídicos de personas y de bienes tienen que ser llevados por registradores.

      Dicho lo cual, resulta obvio que la llevanza del servicio nos entraña un sacrificio patrimonial que el cuerpo debe saber ofrecer con dignidad a una sociedad hastiada de la crisis. Somos servidores públicos y con orgullo aceptamos la nueva encomienda que tanto trabajo, esfuerzo y dedicación nos promete en un futuro. Incardinar el servicio en nuestra arquitectura funcional nos permitirá prestar un servicio registral más completo al administrado, a las Administraciones Públicas … y a toda la sociedad en su conjunto.

     Los intereses corporativos han sido defendidos con rigor por una junta de gobierno que ha pecado de improvisación pero que se ha esforzado con denuedo por acreditar ante la sociedad y el ministerio los riesgos institucionales y los sacrificios patrimoniales que ello nos supone. Es acierto y obligación del Ministro de Justicia, y a la postre de todo el gobierno, haber sabido ver más lejos que los intereses corporativos que nos son tan caros y que ha defendido hasta última hora una junta directiva que ha porfiado por hacerse oir. Así las cosas, resta exigir de quienes nos representan una obligada diligente y leal cooperación con la implantación del nuevo sistema y un esfuerzo rigurosísimo y exigentísimo de restablecimiento del entendimiento con el poder público y con los colegiados. Constituiría una irresponsabilidad histórica frustrar el éxito de la implantación en tiempo del nuevo servicio registral y un error histórico imperdonable que pueda romperse la unidad del Cuerpo por peleas intestinas que no están a la altura de nuestra historia y tradición.

HORA DE ENCARAR EL FUTURO

Publicado el 26 de Junio del 2014

     La decisión anunciada por el Ministro de Justicia en el Senado, de encomendar a los registradores mercantiles la gestión del Registro Civil supone una extraordinaria muestra de confianza del Gobierno en nuestra corporación y una oportunidad y un reto a los que debemos responder como lo hemos hecho siempre, con profesionalidad, cada vez que los poderes públicos nos han querido encomendar una función, poniendo nuestra experiencia, conocimientos y habilidades, al servicio del interés público.

     Los registradores, que somos especialistas en llevar Registros, nos sentimos perfectamente capaces de responder a la confianza del Gobierno y de asumir la gestión del Registro Civil para solucionar los problemas que dicha institución viene padeciendo y que señala la nota del Ministerio.

     Es cierto que la gestión del Registro Civil en los términos en que se anuncia, manteniendo la gratuidad del servicio, exigirá de nosotros un importante esfuerzo, pero no es menos cierto que a todos los ciudadanos, a cuyo servicio estamos, se les vienen pidiendo sacrificios extraordinarios en los últimos tiempos. Nosotros, que como ciudadanos, ya estamos pagando también nuestra cuota de la crisis, no podemos, como funcionarios, defraudar ahora la confianza que la sociedad, a través del Gobierno, quiere depositar en nosotros encargándonos la gestión y modernización de un importante servicio público.

     Es hora, pues, de exigir con toda energía a los órganos del Colegio de registradores el abandono de las insensatas actitudes obstruccionistas y de oposición a los proyectos gubernamentales. Actitudes que, como se deduce de la nota del Ministerio, ha dado lugar a este extraño resultado de que no esté previsto atribuir la llevanza del Registro Civil al cuerpo de registradores en su conjunto, sino solo a una parte de él, a los registradores mercantiles, que cambiarán de denominación y que “realizarán esta gestión a través de una plataforma digital, que financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio y el ciudadano, pero que siempre se mantendrá bajo titularidad pública.” Todo lo cual, dicho sea de paso, no beneficia en nada a la unidad del cuerpo. Y la unidad del cuerpo es algo con lo que ningún Decano ni ningún órgano del Colegio debiera permitirse jugar.

     Ante el encargo del Gobierno hay que exigir a todos los colegiados y especialmente a los órganos del Colegio, empezando por la Asamblea de Decanos y por el Decano y su Junta, prudencia, clarividencia y sensatez. Es hora de valorar los riesgos y de medir las propias fuerzas. Es hora de dejar de mirar atrás, de olvidar los deseos imposibles, los juguetes rotos y las batallas perdidas. Es hora de encarar de una vez el futuro, de modo que, colaborando lealmente con el Gobierno, cumplamos el encargo que nos hace de, sin coste para los ciudadanos, modernizar el Registro Civil.

NUEVO LLAMAMIENTO A LA PRUDENCIA Y SENSATEZ INSTITUCIONAL, AHORA EN MATERIA DE BASES GRAFICAS

Publicado el 24 de Junio del 2014

     La semana pasada esta Asociación publicaba un editorial en el que pedía a la junta de gobierno del colegio de registradores sensatez institucional en relación con la demarcación registral que proyecta el Ministerio de Justicia. La misma prudencia que ahora se le requiere en el tema de bases graficas, también sujeto a una profunda reforma en el anteproyecto de ley de modificación de la Ley Hipotecaria y el Texto Refundido de la Ley del Catastro, que tras haber recibido la aprobación por el Consejo de Ministros se encuentra ya en tramite parlamentario.

     El vocal de bases graficas, se supone que bajo la tutela y supervisión de su director, dirigió ayer una comunicación a todos los registradores de la propiedad anunciándoles el inicio de la efectiva implantación del nuevo sistema de identificación grafica registral, Geobase 4, con la finalidad, según él, de cumplir con los esquemas nacionales de seguridad e interoperabilidad y con los requisitos de la reforma que nos viene. Sigue por tanto sin decir cuales son las verdaderas razones que han aconsejado a la junta la sustitución del ya efectivamente implantado programa colegial Geobaseweb, en producción en casi quinientos registros, así como cual ha sido la metodología elegida para el nuevo desarrollo y que empresa lo ha llevado a efecto y bajo que modalidad de contratación, sobre todo teniendo en cuenta que la junta actúa con unos presupuestos prorrogados.

     La credibilidad de una junta queda seriamente comprometida cuando se mantienen posturas diferentes sobre una misma cuestión, pues de un lado se descalifica en su totalidad el proyecto de ley, mientras de otro se afirma por su vocal proceder a desarrollar con suma diligencia una aplicación para cumplir con sus previsiones, que se rechazan y critican ferozmente. No es posible defender al mismo tiempo una cosa y su contraria. Definitivamente falta claridad y transparencia en esta cuestión, pues un desarrollo grafico no se consigue cerrar en cuatro o cinco meses y mucho menos si ello va complementado con una plataforma para dar soporte formativo y con la pretensión de su adaptación a los estrictos requerimientos de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, algo que solo puede confirmarse mediante una auditoria. Hay en todo ello algo que no encaja y que el tiempo pondrá de manifiesto, aunque los perjuicios y consecuencias pueden ser muy graves.

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