Editorial

El cambio de Ministro y la potencia del ventilador

Publicado el 8 de Octubre del 2014

     Con independencia de la obligación de la Junta y de todos los registradores de acatar y cumplir leal y eficientemente las leyes aprobadas por el Parlamento, como máximo órgano de representación de la soberanía nacional -Zaragoza no es sino la expresión de una Asamblea de registradores, que agota sus efectos en el ámbito puramente corporativo-, lo cierto es que hay otras muchas razones por las que el Colegio no puede liderar la reforma ni asumir la gestión de los desarrollos tecnológicos necesarios para la entrada en funcionamiento el día 15 de julio de 2015 de la nueva oficina del Registro Civil. Para ser un interlocutor fiable ante la Administración hay que generar confianza, atributo que hasta ahora era inherente a la condición de registrador, crédito colectivo que de manera insensata ha dilapidado la nueva Junta en el poco tiempo que lleva a cargo del Colegio; en realidad ha cambiado el modelo en el que se asentaba la relación entre el Ministerio de Justicia y la corporación registral. Por ello no se puede encomendar el impulso del proyecto de reforma del Registro Civil a quien no solo no cree en él -nunca lo ha hecho-, sino que su única estrategia ha sido y es impedir su puesta en funcionamiento, adoptando una posición de enfrentamiento total y falta de acatamiento de normas legales.

     

     Por lo demás la estructura económica del SSI, como la del Colegio en su conjunto, es absolutamente insostenible, absorbiendo ya por encima del 15% de los beneficios de un registrador. Alguien debiera plantearse que habría de hacer el Colegio por un registrador para merecer cobrarle tales cantidades. Alguien debería plantearse el escándalo que suponen esas cantidades por desproporcionadas e injustificadas, prueba inequívoca de una estructura productiva y representativa altamente ineficiente. Y si deben seguir pagándose con esas cantidades pantagruélicas comidas en sofisticados reservados, viajes por el mundo en bussines, hoteles de 5 estrellas, tarjetas de crédito en manos de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores.

     

     Esta situación económica insostenible se convierte en critica si, además de mantener el despilfarro, se ha de soportar la losa todavía no explicada de IICRE y Alcalá 540, causada con la participación y consentimiento del propio Decano, Gonzalo Aguilera, y de su ahora vocal y entonces su Decano, Eugenio Rodríguez Cepeda. Una losa que compromete las finanzas del Colegio para los próximos veinte años, detrayendo unos recursos absolutamente necesarios para nuevos proyectos e inversiones.

     

     Y encima estos acreditados gestores de fondos ajenos nos dicen y quieren que creamos que es más económico asumir los costes del registro electrónico mediante el otro pozo sin fondo: el SSI, que junto con SCR ha consumido cada año casi la mitad del presupuesto del Colegio, concienzudamente cosechados, vía cuotas colegiales –sin justificación o desglose alguno y ahora sin ni siquiera presupuesto aprobado- de los bolsillos de los registradores y por ende de los bolsillos del ciudadano.

     

     ¿La mitad del presupuesto del Colegio empleada en qué? Hace años que se perdió el tren de la vanguardia en tecnología y no tenemos más que productos y personal obsoleto o desactualizado, -cuyas principales aplicaciones nunca fueron desarrolladas por el propio SSI- impresoras de carro ancho descatalagodas vinculadas a cada puesto de trabajo, Windows XP también descatalogado por imposibilidad de funcionar en ningún entorno más actual. Todo ello para imprimir inscripciones en una tinta que no durará más que unos años, como las facturas antiguas que llevamos borrosas en nuestra cartera.

     

     No tiene sentido seguir quemando millones por nada y a cambio de nada, cuando por la mitad de esa cantidad –según nos dicen algunos registradores mercantiles informados- se costeará el registro electrónico, incluído el registro civil. Pero nuestro Decano y su Junta no quieren dejar de cobrarnos y prefieren que el Colegio siga recabando fondos de los registradores de manera absolutamente injustificada y desproporcionada, solo con la intención de mantener su ineficiente infraestructura. Cosas del poder y su erótica.

     

     Pero es que para colmo, no es sólo un problema económico: la falta de profesionalidad en los cargos y cuadros del Colegio, las carencias en materia de análisis y de gestión de riesgos, la obsolescencia e imposibilidad de reutilización de las actuales aplicaciones y los déficits insuperables para la adaptación de los actuales CPD a las mas elementales medidas de seguridad para un sistema de información como el que se trata de desarrollar, hacen inviable esta opción

     

     Las consecuencias de adoptar una decisión errónea implicaría graves consecuencias tanto para la prestación del servicio público como para la supervivencia del Colegio de Registradores, sobre todo a la vista de las previsiones normativas en materia de colegios profesionales, que imponen una cuota mínima y un pago por servicios, que lógicamente han de prestarse en régimen de libre competencia, lo que choca frontalmente con la pretensión colegial de asignación directa de la gestión y alojamiento de la plataforma tecnológica y de las bases de datos. La llevanza del Registro Civil por los registradores mercantiles y la viabilidad del nuevo modelo exige ineludiblemente una visión integrada del problema y la adopción de una solución coherente con la misma, pues caso de implementarse parcialmente se pondrá en riesgo cierto la operatividad de los registros mercantiles y el acceso de las AAPP a los datos registrales.

     

     “No con mis datos”, una mirada retrospectiva al pasado reciente

     

     “No con mis datos”, titulaba un interesado artículo la –parece que ahora añorada por algunos- ex Directora General de los Registros y del Notariado Pilar Blanco-Morales, en el que se resumían todas las críticas apocalípticas por quien, al frente de la nave en los cuatro años anteriores, no había sido capaz de afrontar los problemas e implantar soluciones. Además de los acostumbrados e interesados desenfoques hacia la función registral, se hacían en ese artículo algunas consideraciones que quizá haya llegado el momento de desempolvar; efectivamente se comentaba la posibilidad de que los registradores prestasen su sistema informático para realizar una gestión eficiente de los datos del Registro Civil y del resto de la información, para añadir literalmente a continuación: “Este sistema informático no es público.” De entre tanta desinformación destacaba un dato cierto y esencial: que el sistema informático del Colegio de Registradores escapa al control de la administración.

     

     Tras el primer año del equipo en Justicia nombrado en 2012, se resolvió el colosal atasco administrativo causado en los expedientes de nacionalidad utilizando, en lugar de embestidas a unos extenuados Presupuestos Generales del Estado, inteligencia, imaginación, medios tecnológicos innovadores y colaboración inter institucional. Se realizó una verdadera prueba de concepto sobre la posibilidad de gestionar de otro modo, con eficacia y contención en el gasto, los servicios públicos. Se trasladaron costes a corporaciones capaces de asumirlos optimizando la gestión de recursos humanos y técnicos infrautilizados Se dejó planteada una reforma normativa ambiciosa. Y se señaló el camino para resolver los problemas generados por el más deficiente de los servicios públicos, el registro civil -según número de quejas relacionadas en los informes del Defensor del Pueblo-.

     

     La atribución a los registradores de competencias en materia de registro civil, atacada al principio sólo por el notariado, ante la gratuidad impuesta por el Ministerio de Justicia, pasó a ser incluso más criticada por el nuevo Decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, elegido en otoño de 2013, que puso los ingresos de los registradores como único tesoro a defender en su mandato, por encima de cualquier otra consideración.

     

     A pesar de tanta crítica y desinformación interesada y corporativista, el Real Decreto-ley 8/2014 –recientemente aprobado como ley ordinaria tras su tramitación parlamentaria- establece que el Registro Civil estará encomendado a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por razón de su competencia territorial.

     

     Conforme a la exposición de motivos del texto, la atribución a los registradores –y no al Colegio de Registradores- de la llevanza del Registro Civil, se hace en cuanto a su condición de funcionarios públicos, condición de la que no goza el Colegio, que no forma parte de la Administración. Es importante también traer a colación la idea que la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, tiene del mismo y que resulta del apartado 2 del artículo 3: El Registro Civil es electrónico. Los datos serán objeto de tratamiento automatizado y se integrarán en una base de datos única cuya estructura, organización y funcionamiento es competencia del Ministerio de Justicia.

     

     Tiempo habrá para aclarar papeles y derribar impunidades en el ruido mediático perfectamente teledirigido contra algunos compañeros que, sin pararse en la más mínima cortapisa moral –ya todo vale-, ha enfangado de corrupción su nombre y, de esa manera, todo lo referente a la contratación del sistema informático del Registro Civil, al parecer como única forma de “parar esto”.

     

     Ha habido cambio de ministro y con esta circunstancia ha arreciado el juego sucio para forzarle a caer en la tentación, para apaciguar aquellas voces, de entregar al Colegio de Registradores -ahora si en régimen de monopolio y haciendo valer su situación de posición dominante- el diseño, gestión, alojamiento y explotación del sistema informático del Registro Civil, sin el debido control público y sin la suficiente claridad de la titularidad pública de los datos. En otra ocasión se comentarán los riesgos económicos y funcionales, desde la óptica del servicio público, que ello supone; pero lo más trascendente es lo que la ahora añorada Pilar Blanco manifestaba entonces: que resulta que este sistema informático no es público, ni tiene la suficiente garantía de control por la administración, por lo que al final, la acusación de privatización puede resultar ser cierta, resultando que, por apaciguar unas críticas abanderadas por falsas acusaciones se hiciera realidad la crítica fundamental que desde el principio se trataba de evitar: la privatización.

     

     El Colegio de Registradores vendiendo más humo

     

     Tras casi un año desde su llegada al cargo, el Decano de los Registradores, Gonzalo Aguilera, flanqueado por sus vocales Fernando Méndez y Beatriz Corredor, ha conseguido su objetivo de convertirse en ariete corporativo de la oposición al Gobierno del Partido Popular.

     

     El balance de gestión en ese año es cero. En esos 12 meses el Colegio se ha dedicado en exclusiva a organizar una campaña mediática contra la reforma registral del Gobierno, contra la asunción el Registro Civil y contra cualquier tipo de sacrificio personal por parte de los registradores, de forma análoga a como se realizado por el resto de la sociedad.

     

     Para ello no ha dudado en filtrar a los medios sus conversaciones con el Ministerio de Justicia, saltando por encima de cualquier compromiso de confidencialidad o de discreción. Ha engañado una y cien veces a todo el que se le acercó. Y ha vendido a las más altas instancias que si se le deja el juguete, si se le entrega el control, él reinará y vendrán entonces la paz y el sosiego mediático.

     

     Y en eso, como en todo lo anterior, miente nuevamente, pues es humo vender una paz inalcanzable por definición.

     

     Primero por ser un Decano elegido por un margen de 69 votos, que tiene a medio cuerpo de registradores enfrente. Segundo, por haberse puesto igualmente enfrente de los registradores mercantiles, la vanguardia más pujante del cuerpo, a los que niega el agua y la sal y abandona a su suerte. Tercero, por haber engañado igualmente a otros cuerpos, como el notariado o los secretarios judiciales, que pronto pasarán sus facturas. Cuarto, por disponer de un amplio fondo de armario en gastos de representación, uso de tarjetas, aplicación de un presupuesto creativo –no aprobado-, implicación con empresas proveedoras, etcétera, que más pronto que tarde saltará por los aires. Y quinto, por que la huida hacia delante que toda esta estrategia esconde, el alineamiento registral con el principal partido de la oposición abanderado por la ex ministra de Vivienda de Zapatero y sus asesores aúlicos, es un camino a ninguna parte. Roma no pagará traidores.

     

     No, no hay ni habrá paz. Habrá mucha más guerra, mucho más ruido, mucho más fracaso y mucho menos futuro para el sistema y la función registral. Puede que el Decano del Colegio de Registradores consiga vender su artificiosa y débil estrategia, pero vender una falsa paz con mil registradores causará una “guerra” con 40 millones de ciudadanos.

     

     

     El Registro Civil de Lilliput

     

     Gonzalo Aguilera sentado en su trono y rodeado por su guardia de corps, pretenden convencer a quien les escuche que el registro civil del futuro pueden hacerlo los registradores de cualquier modo: bueno, bonito y barato.

     

     Para eso tienen a 300 informáticos empleados, bien pagados y aburridos, dispuestos a la tarea. En realidad la tarea será, como se ha hecho siempre, la de encargar a empresas proveedoras el desarrollo informático preciso para poner en marcha el registro civil de Lillipput.

     

     Lo que verdaderamente pretenden es lo mismo por lo que luchan y manipulan desde que llegaron: que no se haga nada; que se estudie en mil comisiones la mejor forma de hacer las cosas; que alguien se crea que ellos solitos son capaces de hacer lo que haga falta; que pase el tiempo y se pueda decir que en realidad todo es más complicado y, en fin, que acabe la legislatura y con ella el sufrimiento de tener que hacer frente a un registro civil electrónico y gratuito que “contamine” a un agonizante registro de la propiedad.

     

     En realidad lo que sucede es que no conocen ni se imaginan la complejidad de un proyecto de modernización de datos de la administración en el que la Administración española lleva casi 3 años trabajando y que supera con mucho lo que el Colegio de Registradores puede manejar.

     

     Sustituir ese gran proyecto de modernización por el registro civil de Lilliput puede parecerle a Gonzalo Aguilera una manera de minimizar daños, pero realmente es una locura y significará cavar, con sus propias y tozudas manos, la tumba de todo el sistema registral, incapaz de manejar los flujos de documentación no electrónica y la afluencia de personas que se producirá si el sistema registral no da el salto a un ámbito completamente electrónico.

     

     El registro civil de Lilliput acabará siendo algo trascendente: la espita de la bomba que dinamitará el sistema registral español.

     

     

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