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Editorial

A LA DERIVA

Publicado el 16 de Julio del 2014

     Estas últimas semanas nos ha costado mantener una prudente actitud de respeto institucional hacia la actuación errática y cada vez menos mesurada de la junta de gobierno del Colegio, mientras asistíamos un tanto desconcertados al principio, incrédulos luego, enfadados después y en fin hartos, como el propio Gobierno lo está, a la curiosísima “negociación” desplegada con ocasión de la reforma registral. Reforma registral, que se está consolidando en términos tales que hacen temer el riesgo cierto de ruptura de la unidad del cuerpo y que constituyen de hecho un peligro que podía haberse reducido, si no eliminado, con una mínima dosis de tacto y de prudencia.

     

     Lo primero fue desentendernos de la encomienda de la nacionalidad, algo que se comunicó antes a la prensa que al ministerio… que para eso tenemos un flamante departamento de relaciones institucionales con una vocal con altísima experiencia en la brega política. No en vano, el propio departamento de prensa del Colegio ha abandonado la tradicional línea de exquisita neutralidad institucional por la aguerrida crítica política de la acción de gobierno de los ministerios. La voluntad de desertar de la encomienda de nacionalidad se plasmaría luego en sorprendente carta de desahucio en que se conminaba al Estado a retirar los bártulos de nuestras instalaciones puesto que necesitábamos el espacio para menesteres más serios.

     

     Siguieron a este primer desencuentro varias entrevistas en la DGRN en que nos batimos por los ideales de Zaragoza con un arrojo digno de epopeya griega y sin ofrecer alternativa a cambio … que no fuera el cumplir con lo ordenado en la triste asamblea cainita.






EL CUERPO DE REGISTRADORES ASUME LA LLEVANZA DEL REGISTRO CIVIL.

Publicado el 4 de Julio del 2014

      A juzgar por el número de quejas que siempre ha suscitado su gestión de los millones de ciudadanos afectados– el informe del Defensor del Pueblo tiene toda una sección especializada dedicada al tema- el Registro Civil es uno de los servicios públicos peor valorados por los españoles. Que conste que ello no es debido a la falta de esfuerzo o dedicación del personal que se dedica a su ingrata administración, sino a los problemas del diseño institucional del propio servicio, que fue en su día incardinado en la judicatura por razones históricas que es ocioso relatar.

     La función registral no es Jurisdicción y resulta coherente con un diseño actual y racional de su prestación su oportuna desjudicialización. Una desjudicialización en cuya defensa han coincidido todos los partidos del espectro político… como revela la tramitación parlamentaria de la Ley cuya entrada en vigor ahora se prorroga. Queremos decirlo de una manera clara: la única decisión política razonable, admitida la desjudicialización, era la asignación de la llevanza del RC al cuerpo de Registradores. Lo ha sido antes y lo sigue siendo ahora. No cabe sino felicitar al Ministerio de Justicia por su acierto en la asignación competencial. Después de examinadas otras alternativas que están en la mente de todos y su noticia en las hemerotecas, el gobierno ha tomado la decisión acertada, porque no debemos renunciar a defender que los registros jurídicos de personas y de bienes tienen que ser llevados por registradores.

      Dicho lo cual, resulta obvio que la llevanza del servicio nos entraña un sacrificio patrimonial que el cuerpo debe saber ofrecer con dignidad a una sociedad hastiada de la crisis. Somos servidores públicos y con orgullo aceptamos la nueva encomienda que tanto trabajo, esfuerzo y dedicación nos promete en un futuro. Incardinar el servicio en nuestra arquitectura funcional nos permitirá prestar un servicio registral más completo al administrado, a las Administraciones Públicas … y a toda la sociedad en su conjunto.

     Los intereses corporativos han sido defendidos con rigor por una junta de gobierno que ha pecado de improvisación pero que se ha esforzado con denuedo por acreditar ante la sociedad y el ministerio los riesgos institucionales y los sacrificios patrimoniales que ello nos supone. Es acierto y obligación del Ministro de Justicia, y a la postre de todo el gobierno, haber sabido ver más lejos que los intereses corporativos que nos son tan caros y que ha defendido hasta última hora una junta directiva que ha porfiado por hacerse oir. Así las cosas, resta exigir de quienes nos representan una obligada diligente y leal cooperación con la implantación del nuevo sistema y un esfuerzo rigurosísimo y exigentísimo de restablecimiento del entendimiento con el poder público y con los colegiados. Constituiría una irresponsabilidad histórica frustrar el éxito de la implantación en tiempo del nuevo servicio registral y un error histórico imperdonable que pueda romperse la unidad del Cuerpo por peleas intestinas que no están a la altura de nuestra historia y tradición.

     






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